En los actuales tiempos de crisis económica, tiempos plagados de recortes en sectores clave para cualquier país como son la educación y la sanidad, resulta imprescendible medir, evaluar, el impacto de los mismos. En lo que a los profesionales sanitarios respecta es de particular interés qué sucede cuando se disminuye el gasto público en sanidad. Y, como pediatras, nos preocupa muchísimo el impacto de cualquier recorte sobre un dato tan duro como fácil de medir: la mortalidad infantil.
En uno de los avances del número de diciembre de "Evidencias en Pediatría" se publicó el siguiente artículo valorado críticamente (AVC): "Disminuir el gasto público sanitario aumenta la mortalidad infantil". Se trata de la lectura crítica de un artículo de Maruthappu M et al, un estudio ecológico publicado en Pediatrics.
Los resultados son preocupantes. Podemos leer en el AVC: "la disminución del 1% del gasto sanitario se asoció a un aumento significativo de la mortalidad infantil neonatal (coeficiente de regresión [R] 0,0899, p = 0,0001, intervalo de confianza del 95% [IC 95] de 0,0440 a 0,1358), posneonatal (R: 0,1354, p= 0,0001, IC 95: de 0,678 a 0,230), de uno a cinco años (R: 0,3501, p < 0,0001, IC 95: de 0,2318 a 0,4685) y en menores de cinco años (R: 0,5207, p < 0,0001, IC 95: de 0,3168 a 0,7247).
Al comparar según el nivel de renta, el aumento de la mortalidad fue significativamente mayor en los países de bajos ingresos. La mortalidad neonatal fue 1,31 veces mayor, la posneonatal 2,81 veces mayor; de uno a cinco años, 8,08 veces mayor, y en menores de cinco años, 2,85 veces mayor en comparación con los países de altos ingresos".
Y, a la hora de analizar la importancia clínica de estos datos, las autoras del ACV refierenn: "por cada 1% de disminución del gasto sanitario público, se produjo un aumento de 0,089‰ en la mortalidad neonatal, 0,135‰ en la mortalidad postneonatal, 0,35‰ en la mortalidad de uno a cinco años y 0,52‰ en los menores de cinco años. Si se estima la población menor de cinco años en un 5% de la población estudiada, correspondería a un promedio de exceso de fallecimientos de 145 000 niños anuales. Si además es un país de bajo nivel económico esta cifra, de forma proporcional a la población del país, se multiplicaría por 2,85". En el apartado de aplicabilidad se concluye que "la lectura de estos resultados debe hacerse a nivel global, diferenciando únicamente países de renta alta o baja. En el gasto sanitario debe tener gran peso la eficiencia, de modo que un gasto más alto puede no significar necesariamente un mejor sistema sanitario; sin embargo y con esta salvedad, es de una rotundidad clara que a menor porcentaje de gasto sanitario respecto al gasto total de un estado, los resultados en salud en los niños son peores. En este caso la aplicabilidad más que a la práctica clínica atañe a los presupuestos del estado y a su distribución. Los países deben priorizar la protección de los niños".
En tiempos de crisis, las primeras víctimas son los grupos de edad que menos capacidad tienen para defender sus derechos. Los niños son quizá el ejemplo más evidencte de este hecho. Los resultados de del estudio de Maruthappu M et al no deberían caer en saco roto. Deberían ser conocidos por los gobiernos de todo el mundo y, en lo que a nosotros respecta, por el nuestro. Ojalá este estudio llegue a quién corresponda" y que las autoridades políticas pertinentes tengan bien presente que con la salud infantil no se juega: los niños son nuestro futuro y su salud debería ocupar un lugar principal en los programas de cualquier partido político... aunque los niños no voten.
